Las científicas de la Universidad de Antofagasta Dra. Ingrid Garcés Millas y Dra. Cristina Dorador Ortiz, participaron en la actividad organizada por las fundaciones Chile Sustentable y Symbiótica, centrándose las ponencias en la Política Nacional del Litio.

Una compleja encrucijada experimenta la macrozona norte con relación al aumento de las cuotas de explotación de litio, que sin duda impactará en el recurso hídrico, la biodiversidad y en especial, la nidificación y supervivencia del flamenco andino, por este motivo las fundaciones Chile Sustentable y Symbiótica, con el apoyo de la Universidad de Antofagasta y Tantí, organizaron el seminario “Red de Salares protegidos: desafíos para Antofagasta”, con el objetivo de relevar su importancia.

En la oportunidad expusieron el seremi de Medio Ambiente, Gustavo Riveros Adasme, la directora de proyectos de Symbiótica, Dominique Durand, la miembro del directorio de Chile Sustentable, Dra. María Isabel Manzur; además de Alejandra Castro de Conaf Calama, Rudecindo Espíndola de la comunidad de Toconao, Ramón Balcázar de Fundación Tantí y las científicas de la Universidad de Antofagasta Dra. Ingrid Garcés Millas y Dra. Cristina Dorador Ortiz.

En cuanto a las ponencias, el discurso se centró en la Política Nacional del Litio, haciendo énfasis en sus objetivos, pero también en las falencias e inexactitudes detectadas, la situación actual de los salares y sus proyecciones de conservación, en base a la intención del Gobierno de triplicar la producción de este elemento no metálico, para abastecer principalmente a la industria automotriz a nivel mundial.

Al respecto, la académica de la UA Dr. Ingrid Garcés mostró su preocupación por los alcances y desarrollo de esta política pública. “Al conversar con el seremi de Medio Ambiente le decía que me parece relevante, de alguna manera, que estos estudios se hagan, pero se hagan antes de tomar decisiones. Y entonces dice que están en ese pie de tomar decisiones y, de hecho, están tratando de llevar adelante un proyecto, ¿no es cierto?, de salares, de red de salares protegidos. Pero mi pregunta era, ¿qué va a pasar con ello si cambia el gobierno? Al cambiar el gobierno, todas estas políticas que, de alguna manera, se quieren implementar, van a quedar ahí. Entonces, nosotros, como académicos, como científicos, como investigadores, nos interesa que se implementen buenas políticas públicas, cosa de que no estemos al devenir de la política, porque eso es lo que finalmente daña todo”.

La investigadora agregó que le inquieta la destrucción de los salares, considerando que ya existen impactos ambientales evidentes. “En el caso del salar de Ascotán, por ejemplo, que ha sido destruido y da realmente una pena la destrucción, porque se sacó la ulexita y se puso encima de todos los humedales que se secaron, entonces ha habido mucha destrucción no solo en el salar de Ascotán, sino que en los otros salares que están más cerca, por donde pasa y transita mayormente la gente. En el caso del salar de Aguas Calientes 1, y en el caso del salar de Loyoques, también se ve una disminución de su flora y fauna”.

Por su parte, la Dra. María Isabel Manzur de Chile Sustentable, con relación a la Política Nacional del Litio, sostiene que “nosotros hemos detectado que hay algunos salares que fueron abiertos a explotación y que tienen niveles de protección o algunas categorías de protección bajo la Ley 21.600, que es la Ley de Biodiversidad”, además, advirtió que “los sitios prioritarios están en un proceso de dos años de ser evaluados y hay dos sitios prioritarios en la región que ya fueron abiertos a explotación sin terminar el proceso. Así que estamos dando la voz de alerta de que es bueno que se respete su proceso y se decida si van a ser protegidos o no, pero no se exploten antes de que ese proceso termine”, enfatizó.

Cabe destacar que la Política Nacional del Litio, establece la figura de Red de Salares Protegidos, priorizando el 30% de éstos, correspondientes a Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, más todos aquellos que completen en el proceso de creación.

En tanto, la académica de la UA, Dra. Cristina Dorador, se refirió a los distintos desafíos que deben enfrentarse en este ámbito. “No olvidemos que el norte es el lugar del país que tiene menor cantidad de áreas protegidas en todo el territorio nacional, lo cual tiene varias explicaciones, entre ellas está la visión de que el desierto de Atacama y el norte de Chile tiene muy poca diversidad biológica, cuando es muy distinto, otro desafío es en el ámbito de la explotación, los salares son sistemas muy frágiles que están sujetos al cambio climático, pero ahora tienen esta amenaza de explotación del litio, lo cual también pone en amenaza a la biodiversidad”.

Por este motivo la microbióloga sostiene que “no es trivial considerar qué salares deben ser rápidamente protegidos y cuáles no. Esa es una decisión muy compleja que yo creo que requiere también de participación de distintos ámbitos, incluyendo la academia, las comunidades y las personas en general”.

Los pueblos originarios, son los habitantes más afectados, quienes acusan la destrucción de su territorio por la industria cuprífera y ahora por la del litio. “El extractivismo está pasando, las fragmentaciones sociales, están ocurriendo porque el litio no solamente trae, como se dice en Europa, desarrollo humano, electromovilidad, qué sé yo, está trayendo particularmente destrucción al territorio. El Salar de Atacama está siendo destruido y ahí es donde nace nuestra preocupación y obviamente se está pensando en explotar salares altoandinos que son únicos en el mundo y las empresas mineras, particularmente en su extracción de salmuera, que para nosotros es agua, están cada día más secando el Salar de Atacama, están disminuyendo sus niveles de agua, están destruyendo la flora, la fauna, sistemas frágiles dentro del Salar”, detalló Rudecindo Espíndola de la comunidad de Toconao.

Una problemática que recién comienza y de difícil resolución, especialmente por el modelo económico del país, las presiones internacionales para aumentar la producción, versus, el deber del Estado de promover la conservación de sitios prístinos, únicos en el planeta, que además son parte de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios.