Dr. Luis Alberto Loyola, Rector Universidad de Antofagasta.

Desde hace un par de semanas se ha generado un debate entre quienes defendemos el rol público de las universidades estatales, agrupadas en el CUECH, y las demás universidades que conforman el sistema de educación superior de nuestro país.

La discusión se centra en el concepto de lo “público”, por lo que creo importante recurrir a la definición que nos entrega el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que en una de sus acepciones define lo público como “la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a lo privado”.

¿Qué hace entonces que una Universidad sea pública?, pues justamente aquello: “la potestad, jurisdicción y autoridad” que por mandato legal nos designa como misión el Estado, y que nos convierte en una institución al servicio de todas y todos.

Las universidades estatales somos parte del aparato público. Así nos reconocemos, y por eso nos sometemos a estrictos controles administrativos, financieros y legales que no rigen para el resto.

Nuestro carácter estatal, y “público”, nos sitúa en un rol de colaboración constante con el territorio. De qué otra manera se entendería el papel cumplido, en este caso por la UA, en el combate la pandemia, o en la administración de centros de acogida para adultos mayores y mujeres víctimas de violencia, o en el reforzamiento de la red de salud a través de un Hospital Clínico. De nuevo, lo “público” nos convierte en actores comprometidos con todas y todos.

Pero existen trabas, obstáculos que nos dificultan desarrollar, en condiciones de igualdad, nuestras tareas. Por décadas el Estado facilitó la instalación de un “mercado de la educación superior”, obligando a las universidades estatales a competir en un escenario desigual, permitiendo el surgimiento de numerosas universidades que lucraron con los sueños de miles de jóvenes de nuestro país, muchos de los cuales luego fueron recibidos en nuestras casas de estudios para que pudieran terminar sus carreras.

La cancha no está pareja, es evidente. Con un financiamiento basal exiguo y fuertemente reguladas y vigiladas, competimos con instituciones que se desenvuelven como entes privados, aunque asuman, de manera oportunista, el signo de lo “público”.

Como instituciones estatales tenemos un compromiso ineludible con el bienestar social y el desarrollo del país, eso nos enorgullece y nos hace distintas. Por ello creemos que es importante que el Estado potencie a sus universidades, referentes en tantos ámbitos, y que históricamente han estado presentes para acompañar el desarrollo económico, científico y cultural del país.

Lo anterior no implica desconocer el aporte que las universidades privadas, especialmente las que integran el G-9, han hecho al país, así como nadie discute que el Estado apoye a dichas instituciones e interactúe con ellas conforme a su contribución a la esfera pública. Sin embargo, es en las universidades estatales donde el concepto de lo “público” se convierte en un vínculo firme, comprobable y exigible, porque está impreso en la naturaleza misma de la institución.